La jueza de Vinaròs cita a declarar a 18 imputados por la planta Castor

Proyecto Castor VinarozFuente: El Periódico Mediterráneo

el juzgado número 4 acepta a trámite la denuncia de la fiscalía

El auto considera que fue “consentido” por el Ministerio que Escal hiciera “caso omiso” de varias advertencias. La instructora del caso ve indicios de supuestos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente

Los tribunales mueven ficha y ya investigan posibles irregularidades en el almacén Castor. La jueza sustituta del juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, Carmen Ballesteros, que instruye la denuncia presentada por el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha decidido aceptarla a trámite y abrir una causa procesal. Así, cita a declarar a 18 personas como imputadas por los supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

En concreto, el auto de apertura de diligencias dirige sus acusaciones contra cinco altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto y la oportuna declaración de impacto ambiental; contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), quien elaboró un informe en el año 2007 donde no se apreciaban riesgos sísmicos; y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.

El primero de los focos, en los que se centra el documento judicial, es el informe del IGME, que concluyó que la estructura Castor “se entiende apta para el almacenamiento de gas natural”. Con esta premisa, el Consejo de Ministros dio luz verde a Escal para explotar esta planta.

Por otra parte, se hace referencia a la declaración de impacto ambiental (DIA) dictada por la Secretaría de Estado de Cambio Climático en el 2009. Y es ahí donde la jueza considera que este organismo no solicitó “aclaraciones ni nuevos estudios” a los organismos competentes en la materia, a pesar de que los resultados de las consultas y de la información pública “pusieron de manifiesto el riesgo derivado de la posible sismicidad inducida que pudiera provocar el proyecto Castor”.

Además, el auto reprende que fuera “consentido” por el Ministerio de Medio Ambiente que Escal UGS no tuviera en cuenta el requerimiento de aportar un estudio sobre la frecuencia de actividad sísmica de la zona. Así, la empresa se limitó a señalar, en cuanto al peligro de terremotos, que “solo cabe decir que es una afirmación carente de fundamento científico”. Premisa que, posteriormente, quedó en entredicho, tras registrarse cerca de 500 seísmos en la comarca por la inyección de gas en la planta.

SORPRESA DEL FISCAL // La instructora de la causa hace constar en su escrito el informe de la Fiscalía, en el que se apunta a que la empresa “no solo no aporta estudio alguno, sino que se aparta de la actuación responsable”, al tiempo que al Ministerio Público le “sorprende extraordinariamente” que la Administración “aceptara esta observación sin instar a su cumplimiento”.

De igual modo, la jueza pone de manifiesto que Escal UGS “no paralizó las actividades de inyección de gas colchón hasta concluir la última fase, haciendo caso omiso de las varias advertencias efectuadas directamente por el Observatorio del Ebro”. H

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