Acuamed activará las desaladoras en verano sin resolver cuánto pagarán los municipios

desaladora8Fuente: El Periódico Mediterráneo

RAMON OLIVARES RUIPÉREZ

el gobierno debe activarlas este año si no quiere devolver los más de 30 millones de fondos europeos

La puesta en funcionamiento crea “intranquilidad” en los ayuntamientos. Aunque no hay comunicación oficial, en julio comenzarán a producir agua

Acuamed pondrá en marcha este verano las desaladoras de la provincia de Castellón aunque todavía no ha resuelto cuánto tendrán que pagar los municipios que aprovecharán su agua. Y es que, a pesar de las reuniones en busca de un acuerdo que reduzca las cuotas de amortización, será tras las elecciones cuando las nuevas corporaciones tengan que asumir este regalo y la activación de las dos plantas.

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Una vez finalizadas las pruebas en Moncofa y a punto de acabar en Cabanes-Orpesa, desde la Secretaría General de Medio Ambiente reconocen, como avanzó Mediterráneo en octubre, que las plantas deben entrar en funcionamiento este año “a efectos de los fondos europeos”, cuyas ayudas (en torno a 15 millones de euros por planta) debería devolver el Estado en caso contrario.

En concreto, “este verano se podría iniciar el envío de caudales a los usuarios”, señalan las fuentes ministeriales. Desde los municipios van más allá y especifican que “en julio”, comenzarán a dar agua, eso sí, con un caudal pequeño, para no perder las ayudas.

La fecha aún no ha sido notificada oficialmente a los consistorios, donde la puesta en marcha genera “intranquilidad”, como reconocen todos, ante la posibilidad de tener que asumir las cuotas. Sobre ello, desde Madrid afirman que “estudian fórmulas que permitan el uso de las plantas en condiciones más favorables”.

Pero lo cierto es que no hay acuerdo. Por ello, el alcalde de Xilxes, Vicente Martínez, apunta que es posible que, de momento, el Estado no les solicite ningún pago –“no nos han exigido los avales”, dice al respecto–. Por su parte, Susana Marqués, desde Benicàssim, destaca que los convenios tienen que “renegociarlos”. Como dice Estrella Borrás, de Cabanes, “se tienen que revisar los números” porque las plantas se concibieron para un desarrollo urbanístico que no se ha dado.

En este sentido, Tomás Fabregat, de Orpesa, critica que aquello fue “una trágala” del Gobierno anterior para que les aprobase los PAI. Martínez va más allá y lo califica de “chantaje”. Ahora ninguna localidad necesita el agua y por ello Jaime Picher, de Moncofa, se resiste a que, “por haber firmado un convenio, tengamos que pagar la desaladora”.

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