La Comunidad Valenciana congela el ‘ladrillo’ en la costa

MORRO DE GOSFuente: El Mundo

El Consell paraliza durante un año la aprobación de nuevos planes urbanísticos a menos de 500 metros del mar

El futuro plan de acción territorial pretende preservar la franja litoral del ‘urbanismo depredador’

El Ejecutivo valenciano escenificó ayer la ruptura con dos décadas de políticas urbanísticas del PP tras anunciar una moratoria a la aprobación de nuevos PAI en la franja litoral. Este aplazamiento, que se ciñe a los primeros 500 metros desde la línea de costa, permanecerá vigente por espacio de un año, mientras se tramita el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) que la consellera de Territorio, María José Salvador, presentó ante alcaldes y representantes del empresariado. Una vez entre en vigor, la Generalitat podrá incluso forzar la desclasificación del suelo urbanizable para preservar las áreas de la costa amenazadas por el auge del ladrillo. «Aceptamos el reto de corregir los errores del pasado», señaló Salvador. Jaque al urbanismo «depredador».

El impacto efectivo de esta moratoria, cuando el sector de la construcción aún no ha recuperado el pulso siete años después del estallido de la burbuja, es limitado. Sólo congelará los planes urbanísticos de nuevo cuño, quedan fuera los proyectos que ya cuentan con el beneplácito de la administración local o las obras que se encuentran en fase de ejecución. Las medidas cautelares tampoco afectan a actuaciones faraónicas como el Manhattan de Cullera, que sin embargo sí podría verse obligado a incorporar modificaciones una vez entre en vigor el plan estratégico.

Desde la conselleria se asegura, no obstante, que el parón urbanístico en la primera línea de la costa (los primeros 500 metros desde la orilla) no cercenará las oportunidades de desarrollo de los 60 municipios afectados, ni obstaculizará el negocio turístico, el principal motor de la economía valenciana. «La capacidad del planeamiento actual [el que ya está aprobado puede desarrollarse sin cortapisas] es de 125.000 viviendas», subrayó el director general de Ordenación del Territorio, Lluís Ferrando. Hoy existen 250 hectáreas -alrededor de 2,5 millones de metros cuadrados- sin edificar, un volumen suficiente para atender la demanda de nuevas residencias en la próxima década.

Lejos de asfixiar el desarrollo turístico de la región, la nueva política urbanística de la Generalitat pretende poner en valor los espacios naturales que han sobrevivido a la era del boom inmobiliario y preservar así las últimas áreas vírgenes del litoral valenciano. Porque, según el Consell, existía un riesgo real de que las urbanizaciones sepultaran toda la franja costera, desde Vinaròs a Pilar de la Horadada. Sin una actuación urgente de la Administración, bastarían apenas 20 años para que se materializara este escenario, tal y como recogen las estimaciones del Gobierno autonómico. Este periodo caería a la mitad si se recuperara la demanda inmobiliaria.

Apoyo a los alcaldes

El Plan de Acción Territorial del Litoral, que responde al acrónimo Pativel, pretende precisamente frenar el desarrollo urbanístico desmesurado en un área especialmente sensible a las presiones demográficas. «No se trata de perder oportunidades de negocio, queremos salvar la gallina de los huevos de oro», precisó Ferrando, que abogó por potenciar un turismo de calidad. «Ganaremos futuro», insistió ante un auditorio repleto de alcaldes. La idea general es que no se construya más de lo que ya está autorizado.

Consciente de que la moratoria levantará ampollas en el ámbito local – los ayuntamientos son las primeras administraciones con competencias urbanismo, que por otra parte supone una suculenta vía de ingresos-, la consellera centró en los munícipes buena parte de su discurso. «Habrá mucho viento en contra [de la moratoria y del Plan Territorial], pero los que más lo notarán serán los alcaldes. Pero tenéis el apoyo de la Conselleria», reiteró Salvador en un gesto de apoyo. El éxito de la nueva regulación depende, en buena medida, del respaldo que obtenga en los consistorios.

El Pativel centra su actuación en una demarcación muy específica del territorio, los primeros 500 metros desde la orilla del Mediterráneo, el espacio que delimita estrictamente la franja litoral. Aquí los desarrollos urbanísticos se restringirán ya mismo (por la moratoria), incluso antes de que entre en vigor el plan. Aunque el ámbito de actuación del documento es, en realidad, mucho mayor. La protección, en menor grado, se extiende a los 2.000 metros desde el mar para garantizar la conectividad de la costa con las zonas verdes que se sitúan en segunda línea y cuya conservación está vinculada a la salud del ecosistema litoral. En esta situación se encuentran, por ejemplo, las Salinas de Torrevieja, el caso más paradigmático, puesto que para garantizar su viabilidad se necesita preservar un corredor verde desde la playa.

Con este plan de acción, la Generalitat no sólo pretende proteger las áreas más sensibles, sino armonizar también el régimen jurídico de los suelos ya protegidos («Se va a dar coherencia a la protección con una estrategia autonómica», aseguró el director general) y corregir las disfuncionalidades del planeamiento actual. En la práctica, y sin eufemismos, el Consell podrá forzar la desclasificación de suelo urbanizable si así se requiere.

Margen de actuación

El margen de actuación del Pativel varía en función del tipo de suelo afectado y de si está o no sujeto a un plan urbanístico ya aprobado por las autoridades locales. En el caso de los suelos no urbanizables o de aquellos urbanizables que no se han desarrollado (los más numerosos), el recorrido de la Administración es muy amplío. Se pueden promover cambios en la clasificación sin que ello represente coste alguno para las arcas públicas, aunque el escenario cambia cuando la parcela en cuestión forma parte de un PAI. Bajo este régimen se registran entre 10 y 15 millones de metros cuadrados.

La Conselleria asegura que estudiará caso por caso para analizar las posibilidades. Aunque si ya se ha aprobado la reparcelación, el margen de acción escaso. Este trámite, que precede al inicio de las obras, genera derechos sobre el suelo que se tendrían que compensar económicamente. Un coste adicional de difícil encaje con la actual escasez de recursos.

Como fórmula alternativa, se estudiarán modificaciones asumibles sobre los proyectos que ya disponen de permisos pero que aún no han arrancado. Se trata, de minimizar el impacto sobre el paisaje y el medio natural sin modificar la superficie edificable. En este ámbito se ubicaría, a priori, el Manhattan de Cullera.

El Pativel establecerá cuatro categorías de protección y un régimen de usos, al tiempo que definirá un programa de actuación en las áreas consideradas prioritarias, pero lo cierto es que el proceso de definición de las líneas estratégicas no ha hecho más que empezar. En las próximas semanas se abrirá a la participación a todos los actores implicado, a fin de delimitar la bautizada como infraestructura verde, que es el área del territorio que se quiere resguardar y donde, a priori, se restringirán las construcciones. La franja litoral con una cota sobre el nivel del mar inferior a un metro de altitud se incluirá automáticamente en este grupo, como medida de prevención ante las consecuencias del cambio climático.

También se han determinado ya los 14 ámbitos prioritarios de actuación, que se distribuyen a lo largo de la geografía valenciana: la desembocadura del río Sénia, Benicarló Norte, Oropesa Norte (entre el núcleo urbano y Marina d’Or), Oropesa Sur (playa de la Renegada), Burriana Norte, L’Horta Nord (desde Alboraya a Meliana); Cullera Sur (en la desembocadura del Júcar), la playa de Tavernes de la Valldigna (en la confluencia del río Vaca y el municipio de Xeraco); Gandía-L’ Ahuir (urbanizable pero que aún no se ha construido), Benitatxell, Altea Sur (un área hoy poco atractiva desde el punto de vista turístico), La Vila Joiosa; Alicante Sur (cerca del casco urbano) y Torrevieja Sur (el único corredor libre hasta las Salinas).

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