El Tribunal Supremo abre otro frente judicial al ‘Castor’

Proyecto Castor VinarozEl Alto Tribunal admite un recurso contencioso-administrativo de la Generalitat de Cataluña contra los 1.700 millones cargados al recibo del gas.

Dos años después de que se ordenara la suspensión de su actividad por los cientos de microseísmos desatados frente a las costas de Castellón, el Supremo ha abierto un nuevo frente judicial contra el almacén submarino de gas Proyecto Castor.

En este caso, el Alto Tribunal ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del sistema gasista en la que en la que se desarrolla el pago de la indemnización a la empresa promotora, Escal UGS, por la paralización y posterior hibernación de la infraestructura.

La Generalitat de Cataluña alega en su escrito que el coste total de la instalación –cifrado en el entorno de los 1.700 millones de euros al sumar la indemnización, el coste del gas usado para las pruebas y los costes financieros- no puede ser cargado a los consumidores de gas ya que nunca ha llegado a ponerse en marcha para prestar servicio al sistema, según fuentes próximas al Ejecutivo regional consultadas por este diario.

La instalación nunca llegó a recibir el acta de funcionamiento, ya que durante una fase inicial de inyección de gas colchón -utilizado para amoldar el almacén- se desató una intensa actividad sísmica que obligó al Ministerio de Industria a suspender su actividad.

La orden de peajes elaborada por Industria es el documento vertebral del sistema gasista, en el que se establecen los pagos regulados a los distintos operadores del mercado por la gestión de las infraestructuras (gasoductos, almacenes, regasificadoras…) con cargo a la tarifa que pagan millones de hogares y empresas.

Sellado del almacén

La orden de peajes elaborada por el Gobierno carga este año a la factura del gas un primer pago de 95 millones de euros vinculado a la infraestructura gasista submarina. Esta cantidad se divide en un coste de 80 millones de euros al sindicato de bancos que se hizo cargo de la indemnización a la filial de ACS, integrado por Santander, CaixaBank y Bankia, y 15 millones de euros al operador del sistema Enagás por las labores de mantenimiento e hibernación de la instalación.

El sellado del almacén está previsto que se concluya en el primer trimestre de este año. Los titulares de los derechos de cobro por el pago de la indemnización tienen derecho a ser compensados por el sistema en un periodo de 30 años. El pago de la indemnización transcurre de forma paralela a la investigación que está llevando a cabo el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) sobre el proceso de construcción y puesta en marcha de la infraestructura para comprobar su vinculación sobre la actividad sísmica en la región.

El coste del Castor será cubierto este año con un esperado incremento de la demanda por la mejora de la actividad económica, sobre todo en el sector industrial. De este modo, Industria ha optado por congelar la parte regulada de la factura y dejar que varíe únicamente en función del precio internacional del gas.

Prevaricación medioambiental

Además del nuevo frente abierto en el Supremo, la indemnización pagada a Escal UGS está siendo examinada por el Tribunal Constitucional tras los recursos planteados por la propia Generalitat de Cataluña, el Parlamento catalán y el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados.

De forma paralela, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón) ha tomado en los últimos meses declaración a los 18 imputados en el ‘caso Castor’ por un posible delito de delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales en la concesión de las licencias para la construcción de la plataforma gasista, en el año 2009.

La Fiscalía de Castellón denunció que no se pidieron todos los estudios e informes necesarios en el momento de adjudicar el proyecto, a pesar de que estos eran frecuentes en instalaciones similares. Entre los imputados figuran los gestores de Escal UGS y varios técnicos de los ministerios de Industria y Medio Ambiente.

El propio Supremo ya avaló el pasado mes de septiembre una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se anulaba la resolución del año 2009 que eximía al proyecto de incluir una evaluación ambiental previa a su construcción. Los gestores de Escal UGS y sus accionistas han negado en el mismo juicio cualquier relación entre el almacén y los cientos de seísmos registrados en la zona, acusando a los informes técnicos de estar “plagados de errores e inexactitudes”.

Fuente: El Mundo

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